El periodismo oficial

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¿Cómo es que la salida del aire de 34 emisoras no debe llamarse cierre? Hay periodistas que apoyan la medida y piden cotos contra el "terrorismo mediático". Es la lógica de los "comunicadores socialistas". Por Joseph Poliszuk
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Autocensura gubernamental

A favor de la crítica y de "un periodismo comprometido con los intereses del pueblo", pero en contra de los monopolios y de las empresas que hacen política bajo la etiqueta de medios de comunicación. Ese es el discurso de los comunicadores sociales identificados con el Gobierno. Los grupos de periodistas que apoyan el proceso del presidente Hugo Chávez juran que nunca antes Venezuela había gozado de tantas libertades e insisten en que la última orden de cierre contra 34 emisoras de radio obedece a una medida administrativa.

En el Consejo Nacional de Comunicadoras y Comunicadores Socialistas, de hecho, rechazan hablar de un cierre de medios. Modaira Rubio, miembro del comité promotor de ese colectivo, señala que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones estaba en deuda y que ha empezado a aplicar lo que llama la socialización del espectro radioeléctrico: "Ahora el pueblo debe participar y decidir el uso que se le va a dar a esas frecuencias".

Hay que seguir debatiendo el tema. Lo plantearon los miembros del Movimiento Periodismo Necesario, que el martes se reunieron en la sede de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos de Caracas, para dar un espaldarazo a la medida contra las 34 emisoras de radio afectadas, repudiar el último ataque contra Globovisión y fijar posición sobre el modelo comunicacional que defienden en las trincheras del Chavismo.

La directora de Radio Nacional de Venezuela, Helena Salcedo, se pregunta -desde las filas de ese movimiento- por qué nadie se rasgó las vestiduras cuando el gobierno de Alan García cerró una emisora de radio al sur del Perú el pasado 13 de septiembre. A pesar de que las 34 emisoras venezolanas que salieron del aire mantenían una línea editorial de oposición, reitera que la medida no obedece a razones políticas.

"Si esto estuviese ocurriendo en los gobiernos de la Cuarta República, de Acción Democrática y Copei, por supuesto que sería un caso extremo", dice. "Lo que ocurre es que hay una gran diferencia: anteriormente había un reparto de las frecuencias, tantas para ti y tantas para mi. ¡Ahora no! Ahora se quiere poner a derecho el espectro radioeléctrico".

Hegemonía comunicacional Y ahora el Gobierno también pretende construir una hegemonía comunicacional. Lo dijo el propio ex ministro de Comunicación e Información y presidente de Telesur, Andrés Izarra, el 8 de enero de 2007 en el preludio del fin de RCTV en señal abierta: "Para el nuevo panorama estratégico que se plantea, la lucha que cae en el campo ideológico tiene que ver con una batalla de ideas por el corazón y la mente de la gente. Hay que elaborar un nuevo plan, y el que nosotros proponemos es que sea hacia la hegemonía comunicacional e informativa del Estado".

Izarra no ha vuelto hablar en esos términos. Aunque esta semana no respondió a los llamados que le solicitaron analizar ese concepto a la luz de estos días, su idea sigue anunciando lo que viene. Salcedo advierte que el Estado necesita crear un sistema que permita llevar su mensaje a todo el país y, más allá, en el Consejo de Comunicadoras y Comunicadores Socialistas añaden que todo responde a una lucha contra lo que definen como un "imperialismo informativo".

"No se trata de la libertad de cambiar un dial por otro", afirma Rubio. "Nos dicen que eso es el derecho a elegir la información que queremos escuchar pero es la misma, porque existe toda una industria cultural dominante que promueve los valores antipatriotas, proyankis, capitalistas e individualistas, y que paulatinamente deben ser sustituidos o, por lo menos, contrarrestados con un sistema de medios que vaya construyendo los valores socialistas que necesitamos".

Y en ese imperialismo informativo del que hablan los comunicadores socialistas, Rubio incluye redes sociales y nuevas tecnologías de la información como Twitter, Facebook y los blogs. "Es cierto que han servido para romper cercos mediáticos como el de Honduras, pero hay que estudiar su impacto porque quien los creó puede intervenirlos".

Sin periodismo de oposición ¿Qué es lo que quiere el Gobierno? ¿Puede un medio asumir una línea editorial de oposición en estos días? Helena Salcedo cree que la crítica es necesaria, pero también está convencida de que "no puede haber un periodismo de oposición".

"¿Acaso tengo que ser opositor cuando vaya a hacer una nota?", pregunta. "Eso significa que yo estoy falseando completamente los hechos, porque entonces tendría que decir que tiene que haber un periodismo descalificador y otro que se enrole permanentemente en dar golpes de Estado, como lo hubo aquí el 12 de abril de 2002 cuando se paró un señor en un canal de televisión diciendo: 'Gracias medios de comunicación'".

Salcedo, sin embargo, no cree que eso mismo pasa en Venezolana de Televisión y otros medios oficiales. La directora de Radio Nacional encuentra todo en orden al otro lado del disputado espectro radioeléctrico. Justifica el papel que están jugando los medios del Estado y cita un estudio del psiquiatra Heriberto González, para advertir que los canales independientes han fomentado una intolerancia sobre los simpatizantes de la oposición, que no encuentra en el grueso de las filas del Chavismo.

"¿De que manera ha programado la mente VTV?", pregunta. "Si en Venezuela disfrutamos de plena libertad de expresión, el programa La Hojilla se apega a ella". Se trata, a su juicio, de un espacio que desmonta matrices de opinión y coloca a la ciudadanía en alerta permanente.

"La seguridad de la Nación debe estar por encima de la libertad de Expresión" y "ninguna libertad es absoluta". Son premisas que Salcedo deja en claro, para empezar a estudiar y debatir cotos contra lo que llama "terrorismo mediático". Un término que encuentra en cuñas a favor de la propiedad privada, que en los últimos días ha lanzado el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).

El Consejo Nacional de Comunicadoras y Comunicadores Socialistas también habla de "terrorismo mediático". El término está en boga y desde el martes es una constante en todos los grupos que hacen vida alrededor del Gobierno nacional.

Ahora nadie quiere referirse a los delitos mediáticos de los que habló la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. A pesar de los aplausos que recibió la semana pasada en la Asamblea Nacional, su propuesta de ley fue abortada. "No hubo consenso en la Comisión de Medios", resumió el martes su presidente, el diputado Manuel Villalba.

Cambio de discurso El discurso cambió después de una reunión a puerta cerrada en la que participaron grupos de periodistas que respaldan al Gobierno. Mari Pili Hernández confirmó la cita, pero después evadió los llamados y mensajes que le pedían dar luces sobre las conclusiones del encuentro, que se llevó a cabo al final de este lunes. De cualquier forma, queda claro que ni ella ni ninguno de sus camaradas apoyó públicamente las ideas de la fiscal. Puertas adentro de la Asamblea Nacional, hubo hasta diputados que pidieron a los periodistas hacer algo para evitar que los delitos mediáticos de Ortega no terminaran en ley.

El Movimiento por el Periodismo Necesario ya había solicitado una reforma a la Ley del ejercicio del periodismo. Este año incluso propuso establecer dentro del articulado de la próxima Ley Orgánica de Educación una cátedra obligatoria, que enseñara dentro de las escuelas el análisis crítico de los medios. Los periodistas socialistas, por su parte, marcharon el pasado 27 de junio contra los delitos mediáticos. Ninguno, sin embargo, llegó a hablar de delitos mediáticos. No al menos en público.

La propuesta de la fiscal establece penas de cárcel de dos a cuatro años para los profesionales, directivos y dueños de medios que se hagan eco de informaciones que generen una falsa percepción de los hechos.

"El proyecto de la fiscal tipifica unos delitos con los cuales la gente puede o no estar de acuerdo, pero que no son viables para los que entendemos el qué hacer comunicacional", señala Rubio. "La discusión que pedimos no es tipificar delitos mediáticos, sino conceptualizar y ver cómo contrarrestamos el terrorismo mediático que hubo en abril de 2002, el cerco comunicacional que hay en Honduras o la invasión de Irak, donde el mundo vio en vivo cómo Estados Unidos le caía a bombas a gente inocente como si fuera un circo".

jpoliszuk@eluniversal.com
http://politica.eluniversal.com/2009/08/09/pol_art_el-periodismo-oficia_1510525.shtml




Autocensura gubernamental
Todas las figuras del Gobierno nacional hablan de una amplia libertad de expresión, pero muchos de ellos evaden el tema a la hora de poner su nombre al lado de sus juicios. Verbigracia, el caso de un alto funcionario que después de una entrevista de más de una hora, esta semana pidió el anonimato para evitar que lo botaran de su cargo.

Al frente de uno de los medios emblemáticos del Gobierno, corredactor de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y con un curriculum que señala haber dirigido cargos importantes del Ministerio de Comunicación e Información y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el funcionario llamó vía telefónica 15 minutos después de la entrevista, para valerse del anonimato que un comunicador tiene el derecho de otorgar a quienes temen por su vida, trabajo o integridad.

A lo largo de la entrevista, aseguró que la Ley contra delitos mediáticos que planteó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, "era jurídicamente correcta". Dio un espaldarazo a la medida de cierre de las 34 emisoras de radio que el Gobierno sacó del aire a partir del pasado domingo. Consideró que Conatel aún tiene que aplicar sanciones administrativas a más de 200 emisoras al margen de la ley, e incluyó entre ellas a 38 estaciones con línea editorial evangélica, por considerar que "no ponen música tradicional venezolana".

También habló de exageraciones autoimpuestas dentro de algunos medios privados. "La paranoia no puede llegar a tanto", opinó al final de la entrevista con respecto a varios casos concretos de autocensura. Poco tiempo después, sin embargo, también optó por reservar las opiniones que había ofrecido. Basado en una orden que asegura que desconocía, informó que el único vocero autorizado sobre el tema es el ministro de Obras Públicas y Vivienda, y director de Conatel, Diosdado Cabello, por lo que en definitiva, pidió no arriesgar su trabajo.

No hubo más. El funcionario optó por quedarse callado o al menos no declarar en un medio de comunicación privado, como también lo hicieron otras de las figuras emblemáticas que han llevado la voz cantante en el tema de la libertad de expresión.

Marcos Hernández, gerente del Directorio de Responsabilidad Social de Conatel y miembro fundador de la organización no gubernamental Periodistas por la Verdad, pasó de largo varias preguntas que prometió responder aunque fuese vía electrónica. Lo mismo hizo el diputado de la Asamblea Nacional, Daniel Hernández. Esta vez guardaron silencio, a pesar de que ambos han mantenido posiciones críticas frente a las condenas que la Sociedad Interamericana de Prensa ha declarado contra el Gobierno.

http://politica.eluniversal.com/2009/08/09/pol_apo_autocensura-gubernam_1511883.shtml