El ejercicio del periodismo y la distribución de espacios de radio y televisión se verán afectados por la aprobación y modificación de varias leyes que estudia el gobierno venezolano, lo cual ha provocado una gran campaña de rechazo en los medios privados de comunicación.
Para los adeptos del presidente Hugo Chávez, estas medidas responden a las demandas de la sociedad y significarán “una democratización” de los medios de comunicación, que hasta ahora estuvieron muy concentrados.
“Vamos a emprender una lucha fuerte por democratizar la comunicación, por romper el latifundio mediático que hay en Venezuela“, anunció recientemente la ministra de Comunicación e Información, Blanca Eekhout.
Para los detractores del gobierno, este “ahora o nunca” con la prensa no oficial es una arremetida que convertirá al gobierno en un “censor” a ojos del mundo.
En radios y televisiones privadas se han multiplicado desde hace semanas los espacios en los que se defiende su derecho a existir y se repudian las sanciones que planean sobre la prensa.
“El único actor que pone en evidencia muchas de las cosas que hace el gobierno son los medios y el gobierno siente que tiene que regularlos“, declaró a la AFP Marcelino Bisbal, profesor y editor del libro “Hegemonía y control comunicacional”.
Según él, en la actualidad hay ocho leyes, nuevas o reformadas, que se están incubando y que afectarían al oficio. Entre ellas destaca la reforma de la ley de telecomunicaciones, la ley del ejercicio del periodismo, la de televisiones por cable o una futura normativa sobre delitos mediáticos.
De ser aprobada, esta última supondría que los medios y sus dirigentes, que hasta ahora sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas, reciban condenas penales si la justicia determina que incurrieron en un delito realizando su trabajo.
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desea reorganizar el espacio radiofónico y estudia sanciones de diversa índole para 240 emisoras de radio y 45 televisoras que no actualizaron sus datos correctamente.
“Esto forma parte de la estrategia de un gobierno de vocación militar que ve las comunicaciones como un objetivo estratégico que necesita neutralizar”, afirma el responsable de un medio de comunicación local que prefiere permanecer en el anonimato.
En radios y televisiones privadas se han multiplicado desde hace semanas los espacios en los que se defiende su derecho a existir y se repudian las sanciones que planean sobre la prensa.
Uno de estos medios es el canal privado Globovisión, muy crítico con el gobierno, que ha sido directamente amenazado de cierre. Ya en 2007, el gobierno no renovó la concesión de la televisión RCTV, lo cual provocó grandes protestas.
“Globovisión es el ejemplo claro de un medio que ha desvirtuado su misión fundamental de servicio al pueblo. El costo político de la negligencia de no sancionarlo sería mucho más alto que el hecho de hacerlo”, estimó la periodista Maripili Hernández, ex directora del canal de televisión oficial y miembro del Consejo de Comunicadores Socialistas.
Para Bisbal, quien recuerda que ya en 2001 Chávez declaró que los “medios son enemigos de la revolución“, el gobierno venezolano ha creado una red de medios oficiales de comunicación sin precedentes.
“Seis televisoras, dos circuitos de radio, más de 150 páginas web, una agencia de noticias, un satélite y una imprenta usada para promover el socialismo del siglo XXI”, citó.
En este momento, Chávez ocupa la mayor parte del trabajo de un periodista en Venezuela, aparece casi diariamente en televisión y sus actos, que duran varias horas, son retransmitidos por los canales de prensa oficial.
Para los detractores del gobierno, este “ahora o nunca” con la prensa no oficial es una arremetida que convertirá al gobierno en un “censor” a ojos del mundo.
“En Venezuela falta un bien en el mercado: una información confiable y contrastable“, lamentó Omar Lugo, director del diario El Mundo.
Según Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el gobierno estaría intentando ahora “desmantelar” la influencia de medios críticos y “acallar a algunos formadores de opinión” de gran peso.
“Con estas leyes es mucho más lo que perjudicará al gobierno que lo que le beneficiará. Va a tener un enorme costo para el presidente, que aparecerá como el gran censor”, explicó.
Para Rosario Pacheco, presidenta de la comision de medios del Parlamento, con estas futuras leyes el gobierno “hará justicia con el clamor de la sociedad”.
“En los últimos diez años vimos un comportamiento de los medios de comunicación contrario a las expresiones de la mayoría y centrado en los intereses de grupos económicos. Esto entra en contradicción con el proceso socialista”, afirmó.
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